Momentos estelares de la España del S XIX (XII): El partido moderado y la construcción del Estado Liberal.

AUTOR: Mariano Rebollo.

Figura de la entrada: La reina Mª Cristina y su hija Isabel II pasando revista a las baterías que defendían Madrid en 1837; óleo sobre tela (295 x 193 cm). Marià Fortuny, 1837. Museo del Prado, Madrid.

El partido moderado o moderantismo nunca fue un partido uniforme y ya desde las mismas Cortes de 1844-1845 se observó la existencia de al menos tres tendencias. A su derecha, se encontraba su ala más conservadora, la “facción Viluma” (los llamados “monárquicos isabelinos”), liderada por Manuel de la Pezuela, marqués de Viluma, quien formó parte del gobierno por deseo de María Cristina. Esta facción tenía representantes tan destacados como Juan Donoso Cortés y Bravo Murillo, partidarios de eliminar bastantes logros de la revolución liberal ya que pretendía conceder toda la iniciativa legislativa a la Corona y establecer dos Cámaras, una electiva sobre la base de la propiedad territorial, industrial o comercial y otra nombrada por la Corona en exclusiva, las cuales tendrían un reglamento y una presidencia decidida por ella, además de devolver a la Iglesia los bienes no vendidos, mantener el orden público por todos los medios y casar a Isabel II con el hijo de Don Carlos. En el centro se ubicaba el grueso del partido, integrado por el general Ramón Narváez, Alejandro Mon y Pedro Pidal y caracterizado por el pragmatismo, un liberalismo templado y el afán de reformar la Administración con el objeto de tener al fin unas instituciones duraderas donde primaran mucho más la autoridad y el orden que la participación política de la sociedad civil. Y a la izquierda se encontraba su versión más liberal o “puritana”, con Joaquín Francisco Pacheco, Andrés Borrego y otros, partidaria de mantener primero la Constitución de 1837, para desarrollar después la de 1845 en un sentido integrador, de alternarse en el poder con los progresistas y de eliminar las prácticas corruptas de la vida pública.

La parte central del partido fue la que gobernó durante los primeros años de la década y llevó a cabo las principales reformas para imponer un Estado de inspiración francesa, unificado, centralista y autoritario. Luis González Bravo (1811-1871), primer Presidente del Consejo de Ministros de la “década moderada”, se encarga ya de promulgar la debatida ley de Ayuntamientos y la de las Diputaciones Provinciales, desarmar la Milicia Nacional, limitar la prensa (exigiendo 30.000 pesetas de depósito a los editores de periódicos), nombrar gobernadores fieles a los moderados y crear la Guardia Civil como garantía de mantenimiento del orden público y del reforzamiento del poder central del Estado (decretos de 28 de marzo y de 12 de abril). De naturaleza paramilitar y ámbito nacional, su primer jefe fue un militar aristócrata, el duque de Ahumada, con categoría de mariscal de campo. Se suspende la venta de bienes “desamortizados” y, por una ley del 3 de abril de 1845, se devuelven a la Iglesia los bienes que aún no habían sido enajenados; la banca se activa y las especulaciones comienzan.

Con el fin de preparar ante la opinión pública el regreso a Madrid de María Cristina y su esposo y de celebrar la boda oficial de ambos, era necesario primero otorgar a Fernando Muñoz un título nobiliario. Así, el 12 de febrero de 1844 la reina firma, entre otros muchos papeles, la concesión del título de duque de Riánsares con grandeza de primera clase y de la Cruz de Carlos III a su padrastro. El 22 de marzo, María Cristina entra en Madrid, siendo recibida con gran alegría por Isabel II y su hermana. A partir de ese día, la política del partido moderado y la vida de la reina comenzaron a girar en torno a la ex regente. Una de las primeras medidas que impuso fue el nombramiento en abril de Donoso Cortés como secretario particular de Isabel II, con el fin de tenerla más vigilada de cerca. El 3 de mayo hizo nombrar jefe de gobierno al general Ramón Narváez y comenzó a preparar su boda oficial con Muñoz, ya duque de Riánsares, boda que se celebró el 13 de octubre de 1844. Ahora ya podía dedicarse a encontrar un marido conveniente para la reina, al margen del gobierno y de las Cortes y, por supuesto, de los deseos de Isabel II.

El primer gobierno de Narváez, con Alejandro Mon y Menéndez como ministro de Hacienda, simplifica en 1845 la legislación de impuestos, reduciéndolos a contribución territorial (de Inmuebles, Cultivo y Ganadería), contribución industrial y de comercio, consumos, registros y aduanas. Unas nuevas Cortes constituyentes elaboran otro texto constitucional sancionado por la reina y promulgado el 23 de mayo de 1845. Esta nueva Constitución establece la soberanía compartida entre la Corona y las Cortes, crea un Senado de carácter nobiliario, vitalicio y de nombramiento regio, incrementa el poder de la monarquía (con potestad para nombrar y cesar libremente a los gobiernos, convocar Cortes y disolver el Congreso de los Diputados), estipula que el catolicismo siga siendo la religión exclusiva de la nación española, obliga al Estado a mantener el culto y sus ministros, aumenta el mandato de Cortes de tres a cinco años y modifica la ley electoral limitando más el número de diputados. El censo se amplió, dividiéndose España en 349 circunscripciones electorales (una por cada 35.000 habitantes); a las provincias con un resto de habitantes sin representación mayor de 17.500 se les atribuyó una circunscripción y 1 diputado suplementario. Se hacía uso de “la candidatura oficial” y de manipulaciones electorales: para ser elegido no había que ganarse la confianza de los electores sino la del ministro del Interior; se empezaron a “fabricar” las mayorías. El número de electores pasó de 635.000 a 90.000, los cuales estaban dispensados del servicio militar. La desactivación de Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales se completó con el trasvase de sus antiguas competencias al alcalde y al jefe político, elegidos ahora por el Gobierno central y no por los vecinos.

También se promulgó en 1848 un nuevo Código Penal y se aprobó una reforma educativa Impulsada por el ministro de Gobernación, Pedro José Pidal, que estableció un verdadero sistema nacional de educación secundaria y universitaria. Dividió la educación secundaria en dos grados, elemental y ampliación, el primero formado por cinco cursos de corte humanístico con algunas asignaturas de ciencias, y el segundo de dos, centrado en las materias propias de las futuras carreras universitarias. Los centros públicos de enseñanza secundaria se llamarían Institutos y sus costes correrían a cargo de los organismos públicos. Fijó en diez el número de Universidades, regularizó sus cuerpos docentes y creó Escuelas Especiales para el estudio de carreras técnicas como ingeniería o arquitectura, así como Escuelas Normales para la formación de los maestros de primera enseñanza y párvulos. Las reformas moderadas se completaron con la reconstrucción de la Armada y de las Academias Militares y sus planes de estudio, con el fin de favorecer la formación técnica y militar, la cual era tenida en cuenta de cara a los futuros ascensos.

En abril de 1846, en un clima de tensión dentro del propio partido moderado y de la Corona, Narváez dimite al sentirse incapaz de controlar el gobierno, siendo sustituido por el fiel Francisco Javier Istúriz, devoto de María Cristina y Muñoz. Su presidencia dura poco, dimitiendo al perder la votación a presidente del Congreso, relevándole la reina, a instancias de su madre, por Carlos Martínez de Irujo, duque de Sotomayor (27 de enero de 1847), con Ramón de Santillán como ministro de Hacienda. Su presidencia también fue efímera ya que Isabel II, en rebeldía hacia María Cristina y a instancias de su amante el general Serrano, en la noche del 27 de marzo de ese año le destituye y nombra presidente al “puritano” Joaquín Francisco Pacheco, con José de Salamanca como ministro de Hacienda (quien precisaba el cargo para resolver sus apuros económicos). A finales de agosto vuelve a cambiar el gobierno nombrando a otro “puritano”, Florencio García Goyena, quien mantiene en Hacienda a Salamanca (que así pudo paliar su bancarrota al propiciar la fusión de los bancos de San Fernando e Isabel II, con importantes beneficios particulares). También proclama una amnistía a los progresistas exiliados, entre ellos a Espartero (a quien nombra senador) y a Olózaga, y despide de Palacio a la marquesa de Santa Cruz, a la que odiaba, y al intendente Pedro Egaña. Este estado de inestabilidad fuerza el regreso de Narváez el 4 de octubre, haciéndose otra vez con el poder tras un golpe político.

La guerra civil surgió de nuevo entre 1846 y 1849 (segunda guerra carlista o “guerra dels Matiners”). Don Carlos había renunciado a sus derechos dinásticos a favor de su hijo, el conde de Montemolín (que también se llamaba Carlos), quien se proclamó pretendiente como Carlos VI. Una facción de la Corte y del partido moderado proponía su matrimonio con su prima Isabel II, idea que se rechazó; era la llamada “solución fusionista”, cuyo mejor abogado fue el teólogo y apologista catalán Jaime Balmes. Los carlistas, llamados ahora “montemolinistas” y acaudillados por jefes prestigiosos como Cabrera o mosén Benet Tristany, retomaron las armas primero en Cataluña y luego en Aragón, Navarra y Guipúzcoa. Aunque contaban con el apoyo del campo catalán, garantizado por los agravios locales (crisis económica, nuevos impuestos, quintas, inclinaciones gubernamentales por el libre cambio), el general Cabrera era consciente de que la guerra de guerrillas que practicaban, una prolongación a gran escala del bandolerismo carlista catalán, no tenía posibilidad de éxito. No se logró el apoyo explícito del carlismo vasco y el propio Cabrera tuvo que recurrir al terror para controlar la deserción y las delaciones en su ejército. La guerra finaliza en mayo de 1849 con una nueva campaña del general Manuel Gutiérrez de la Concha.