Momentos estelares de la España del S. XIX (VII): La desamortización de Mendizabal.

Autor: Mariano Rebollo.

Figura de la entrada: Juan Álvarez de Mendizábal. Grabado de José Gómez. Biblioteca Nacional. Madrid.

El conde de Toreno nombró ministro de Hacienda a D. Juan Álvarez Mendizábal (1790-1853), un destacado liberal y hombre de negocios que residía en Inglaterra (donde ejercía como agente de la reina María de Portugal, tras haber apoyado a su padre D. Pedro en la guerra  dinástica contra el absolutista D. Miguel). Llegó a España el 1 de septiembre de 1835 y publicó un manifiesto crítico con el conde de Toreno por no solucionar el problema de las revueltas, ya extendidas por todo el país, y por calificar a los amotinados como “anarquistas”. El 14 de septiembre el conde de Toreno dimite, cediendo el poder a Mendizábal tras ser aceptado por la regente. Su nombramiento fue apoyado por casi todos (sus contemporáneos le apodaban “Juan y medio” o “Juan, el mago”), recuperando la autoridad del Gobierno, calmándose espontáneamente todas las revueltas y disolviéndose las Juntas revolucionarias, incluyendo la Junta Central de Andújar. Además de la Presidencia, Mendizábal asumió los Ministerios de Hacienda, Asuntos Exteriores, Guerra y Marina. La necesidad de obtener dinero para enfrentar la guerra carlista le obligó a aumentar los impuestos y obtener nuevos préstamos sobre todo de los bancos británicos. No aceptó un acuerdo de libre comercio con Gran Bretaña pero tampoco logró restringir las importaciones de artículos de algodón, lo que afectó a las industrias textiles catalanas provocando una oleada de despidos de empleados. Con ello aparecía el peligro de un aumento del apoyo catalán al carlismo, hasta entonces dividido entre la llanura costera, cristina, y el interior occidental, carlista. Su carácter y maneras cosmopolitas encajaban mal en la política española y extrañaba su lema de “olvidar, respetar, revisar, reparar y reformar”; él mismo se quejaba a su detractor principal, el general Fernando Fernández de Córdoba, de que “en España los adversarios políticos no son capaces de tener unas relaciones decentes como en Inglaterra, donde el juego limpio reina en la política”. Decretó una leva de 100.000 hombres (aunque de ellos sólo se incorporaron 46.983) y transformó la Milicia urbana (que ya había participado en la guerra contra los carlistas) en Guardia o Milicia Nacional, aumentando sus efectivos hasta casi 400 hombres. También suprimió los Mayorazgos y Señoríos, la Mesta (entidad de los grandes ganaderos) y la Intendencia Superior de Policía, pasando sus servicios al Ministerio de la Gobernación, creó las Diputaciones Provinciales y apoyó a la burguesía.

En enero de 1836, Mendizábal ganó una votación de confianza y disolvió los Estamentos para convocar nuevas elecciones, tras promulgar una nueva Ley Electoral con un sufragio mucho más amplio que el restrictivo del Estatuto Real al reducir la cantidad de renta necesaria para tener derecho a voto. Esta Ley no satisfizo a los moderados, a pesar de haberse aceptado su propuesta de adoptar el distrito como demarcación electoral (lo que se mantuvo hasta 1931 y fue una de las bases del caciquismo al favorecer a los terratenientes locales, la aristocracia y el clero), ni a parte de los progresistas. Las elecciones se celebraron en marzo logrando mayoría para su grupo, “los mendizabalistas”. Una nueva crisis de las relaciones entre civiles y militares y la creciente enemistad de la reina regente provocaron su destitución el 15 de mayo y el nombramiento del moderado Francisco Javier Istúriz como Presidente del Consejo de Ministros. Istúriz estaba en minoría en el Estamento de Procuradores, por lo que se aprobó el 21 de mayo una moción de censura contra él, no dejándole más opción a la reina Regente que disolver las Cámaras el 22 de mayo y convocar nuevas elecciones “para que la nación pueda juzgar acerca de las diferencias que dividen a mis ministros y a los diputados”. Durante las semanas siguientes todo empeoró: dimite Fernández de Córdoba, se producen avances carlistas, estalla una revolución en Málaga que se extiende con rapidez, surgen de nuevo las Juntas Provinciales que reclaman la restauración de la Constitución de 1812 y, el 12 de agosto de 1836 se produce la “sublevación de los Sargentos de La Granja”, que origina el asesinato del general Quesada, Capitán General de Madrid, al intentar reprimir la protesta. Este “Motín de La Granja” obliga a la Regente a restaurar la Constitución de Cádiz, cesar a Istúriz y nombrar a José María Calatrava. Este episodio, en el que Sargentos borrachos irrumpieron en la habitación de María Cristina, afectó mucho a la reina Regente, que comenzó a pensar en abandonar el país. También provocó la huida de decenas de nobles y políticos conservadores temerosos por su vida. Calatrava nombra de inmediato a Mendizábal Ministro de Hacienda, cargo que ocupó desde septiembre de 1836 a agosto de 1837, período asociado a la continuación de su legado más duradero: la desamortización, las famosas leyes de incautación de bienes eclesiásticos (Reales Decretos de 16 y 19 de febrero y 8 de marzo de 1836), declarando extinguidos los conventos, colegios, congregaciones, etc. (salvo los monumentos nacionales y los bienes destinados a servicios públicos como beneficencia y educación), adjudicándose sus bienes al Estado y ordenándose su venta en pública subasta para pagar la Deuda Pública y mejorar la situación financiera del país, lo que era imprescindible para poder afrontar los gastos de la guerra, aunque los ingresos obtenidos no pasaron de 900 millones de reales.

La desamortización de Mendizábal hubiese podido ser una verdadera reforma agraria que beneficiara al campesinado, pero no fue más que una transferencia de los bienes de la Iglesia a las clases económicamente más pudientes (grandes propietarios, aristocracia, burguesía urbana especuladora y absentista), capaces de comprar los bienes nacionalizados. Se publicó un Reglamento para la venta de estos bienes (la Iglesia poseía un tercio de las tierras del país), estipulando que “los predios rústicos susceptibles de división se distribuyan en el mayor número de partes posibles y que éstas se pongan en venta aisladamente”. Sin embargo, la división por lotes de la tierra se realizó por “comisiones municipales” que favorecieron a los pudientes, con lo que se produjo un predominio del latifundismo, especialmente en el centro y el sur del país. La desamortización fue apoyada por las viejas y nuevas élites, lo que consolidó el régimen liberal, pero fue rechazada por los labradores, campesinos sin tierra, que se transformaron en más de 2 millones de jornaleros temporales. Por otro lado, apenas mejoró la productividad del campo, que seguía sin inversiones en herramientas y aperos y sin empleo de abonos ni planes de regadíos.  Álvaro Flórez Estrada, un destacado economista asturiano y diputado liberal en Cortes, aunque partidario de la desamortización, criticaba su método y proponía emplearla para mejorar la situación del campesinado. Ya en febrero de 1836 escribía en el periódico “El Español” que el método adecuado era entregar a los pequeños campesinos, que antes trabajaban para la Iglesia, lotes de tierras en arrendamientos enfitéuticos por cincuenta años a cambio de una renta que no debía superar la que ya entregaban a la Iglesia. A los cincuenta años, la renta podía renovarse y revisarse, ya que el Estado conservaba la propiedad de los bienes nacionales y esto le permitía recuperar la tenencia de la tierra si no era explotada convenientemente y entregarla a campesinos dispuestos a hacerla más próspera o, en el caso de que los beneficiarios estuviesen cumpliendo su compromiso de mejora de las explotaciones, el arrendamiento podía prorrogarse en sus sucesores. Mendizábal era consciente de que la desamortización podía haber servido para lograr una distribución masiva de tierras entre los campesinos, pero la urgencia de fondos para lograr vencer a los carlistas no le permitió ejecutar un plan mejor.

En 1843, durante los últimos meses de la regencia de Espartero, volvió a ocupar el ministerio de Hacienda hasta la llegada al poder de los moderados. En 1847 fue elegido de nuevo diputado en las Cortes, y el resto de su vida ejerció como jefe parlamentario de la facción derechista del Partido Progresista, falleciendo en noviembre de 1853. Tras la Revolución de 1868, el Parlamento le erigió una estatua en la Plaza del Progreso de Madrid, un lugar que había sido el solar de un convento desamortizado… En 1939, uno de los primeros actos del régimen de Franco fue destruir la estatua de Mendizábal y cambiar el nombre de la plaza por el de un famoso clérigo.