MOMENTOS ESTELARES DE LA ESPAÑA DEL S. XIX (III): LA CONSTITUCION DE CADIZ

AUTOR: MARIANO REBOLLO

LA CONSTITUCION DE CADIZ DE 1812

Como se comentaba en el artículo anterior, ante la inoperancia del Consejo de Castilla radicado en la capital, de ideología conservadora, el 25 de septiembre de 1809 se constituyó en Aranjuez la Junta Suprema Central Administrativa, integrada por 35 miembros. Esta Junta, que poco pudo o supo hacer, tuvo que trasladarse a Sevilla y después a Cádiz, ante el avance del ejército francés. El 29 de septiembre de 1809 convocó elecciones a Cortes y se fijó la fecha del 1 de mayo de 1810 para el inicio de las sesiones en dicha ciudad. La Junta Suprema se disolvió, designando antes un Consejo Supremo de Regencia, también de ideología conservadora, que se oponía a la convocatoria a Cortes realizada por la Junta Central, pero finalmente claudicó ante la presión del sector liberal.

Las Cortes convocadas para iniciarse el 1 de mayo de 1810 eran de carácter único, no por estamentos, formadas por representantes de la nación, sin que la nobleza y el clero constituyeran una cámara aparte. Debía nombrarse un diputado por cada 50.000 habitantes, pudiendo votar y ser votados todos los varones mayores de 25 años que tuvieran propiedad inmueble o establecimiento de comercio, tanto de la Península como de las colonias. Debido a las dificultades de movilidad derivadas de la ocupación de España por los ejércitos franceses, no todas las provincias pudieron elegir diputados  que se trasladasen a Cádiz, por lo que fueron sustituidos por suplentes de la propia ciudad gaditana, seleccionados entre gente de prestigio, en general de ideología progresista. Fueron elegidos 296 diputados de diversa procedencia: había 90 eclesiásticos, 56 abogados, 30 militares, 9 marinos, 15 catedráticos de universidad, 14 miembros de la nobleza, 8 comerciantes, 1 médico, 1 arquitecto, 1 bachiller, 2 escritores, 49 funcionarios o dignatarios del antiguo régimen y 20 sin profesión determinada.

El juramento de los diputados se realizó el 24 de septiembre en la Iglesia Mayor Parroquial de San Fernando situada en la isla de León de Cádiz, iniciándose las sesiones 4 días después, tras nombrar la mesa de discusión y establecer su reglamento interior. El Consejo Supremo de Regencia hizo lo posible por obstaculizar la reunión e intentó sin éxito que el Consejo de Castilla revisara las actas, tras lo cual quiso dimitir, pero los diputados exigieron que los regentes continuasen hasta haber jurado el reconocimiento de la soberanía de las Cortes.

El discurso inaugural fue pronunciado por el sacerdote Muñoz Torrero, diputado por Extremadura y ex rector de la Universidad de Salamanca, siendo su contenido votado en forma de ley. Afirmaba que los diputados reunidos en Cortes representaban a la nación y que la soberanía nacional residía en las Cortes, la separación de poderes, el reconocimiento de Fernando VII como único rey legítimo y la inviolabilidad de los diputados.

La obra de las Cortes se dividía en dos partes: la Constitución y otras disposiciones legislativas. El 9 de diciembre de 1810 se nombró una comisión encargada de redactar el proyecto de Constitución, que fue leído el 18 de agosto de 1811, comenzando su discusión el 25 del mismo mes y finalizando en enero de 1812. Fue jurada y promulgada el 19 de marzo de 1812, por lo que se la llamó “La Pepa”. Consta de 384 artículos y en su capítulo primero afirmaba: “La nación española es libre e independiente y no puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. La soberanía reside esencialmente en la nación, y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. La nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen”. Establecía igualmente la obligación de todos los españoles de pagar impuestos proporcionales a los haberes de cada uno, así como la separación de poderes (el rey no podía suspender ni disolver las sesiones de las Cortes), la libertad de imprenta, la abolición de la tortura, una educación de primera enseñanza al alcance de todos y la creación de una Milicia Nacional (al margen del Ejército oficial) dependiente de las Cortes y con la misión de defender la Constitución y las leyes. El contenido de esta Constitución era lo más liberal posible y representaba la ideología de la parte más avanzada de la sociedad de la época. Las Cortes abolieron el Tribunal de la Inquisición, todas las jurisdicciones señoriales y los gremios, secularizaron los bienes de las órdenes religiosas y decidieron el reparto de tierras baldías y comunales a los pobres y a los licenciados del ejército… Ninguna de estas medidas, dada la oposición de los conservadores que siempre habían detentado el poder, fue llevada a la práctica al terminarse la guerra, a pesar de las cesiones que las Cortes realizaron para intentar reducir la resistencia que oponían la nobleza y la mayoría del clero.

A lo largo de los debates, surgieron tendencias ideológicas entre los diputados: los partidarios de las reformas fueron llamados liberales, los que se oponían a ellas recibieron el nombre de serviles y los que defendían los intereses de las colonias eran los americanos. El impacto de las Cortes sobre la vieja sociedad española fue más teórico que práctico pues, como dijo Carlos Marx: “España estaba dividida en dos partes. En la isla de León, ideas sin actos; en el resto de España, actos sin ideas”.

Tras firmar la Paz de Valençay con Napoleón, Fernando VII regresó a España por la frontera catalana, recorriendo numerosas poblaciones hasta llegar a Valencia, donde paró unos días antes de dirigirse a Madrid. En todo el camino fue aclamado por multitudes enfervorizadas, un delirio favorecido también por la acción de agentes sobornados por la camarilla del rey, constituida sobre todo por el duque de San Carlos y por el conde de Montijo. En Valencia se les une el general Elío, capitán general de la región. Mediante intrigas, amenazas veladas y una eficaz  labor de propaganda llena de falsedades, los absolutistas lograron que su complot contra las Cortes fuera un éxito. El 12 de abril de 1814 consiguieron que 69 diputados firmaran en Madrid un escrito dirigido al rey reconociendo la soberanía absoluta y el derecho divino del monarca. Este escrito fue llamado “el Manifiesto de los Persas”, ya que en él los firmantes comparaban el período de liberalismo gaditano con la anarquía de cinco días que era costumbre entre los antiguos persas tras la muerte del rey. Los soldados de los generales Elío y Francisco Eguía promovieron también motines anti reformistas durante el viaje del rey de Valencia a Madrid. En la noche del 10 al 11 de mayo, las tropas de Eguía detienen en Madrid a los dos regentes y a los diputados liberales más significados (Argüelles, Muñoz Torrero, Martínez de la Rosa, Larrazábal, Calatrava, García Herreros, etc).

En la mañana del 11 de mayo se publicó un decreto del rey, fechado en Valencia el día 4, en el que afirmaba que no juraría la Constitución y rechazaba todos los actos de las Cortes. Se derogó toda la legislación de Cádiz, se encarceló a liberales que no habían logrado salir del país y se instauró una represión implacable, con delaciones falsas subvencionadas; el país volvía a la plena Edad Media.

El gobierno del país era llevado por la camarilla del rey (el zafio infante don Antonio, Pedro Collado el aguador y Ugarte, un aventurero negociante, entre otros), incapaz de hacer frente a los levantamientos independentistas en las colonias de América. Pero la represión no logró acabar con los gérmenes de rebeldía que subsistieron; el liberalismo se extendió entre el ejército y en las ciudades comerciales, florecieron asociaciones francmasónicas y hubo intentos de pronunciamiento militar.

CONTINUARÁ….

PD: Para dar gusto a Cinta y sus amigas de Tortosa, incluyo un enlace donde se puede conocer la biografía del diputado por Tortosa en las Cortes de Cádiz, Fernando Navarro. El resto de diputados se puede consultar en Wikipedia.