Momentos estelares de la España del S. XIX (cap. 16): El Bienio Liberal (1854-1856).

Figura de la entrada: El rosario de la aurora. Eugenio Lucas Velázquez. Museo Carmen Thyssen, Málaga.

Hace ya meses, en el capítulo anterior, dejábamos el siglo XIX con la finalización de la crisis de 1854 y la llegada de nuevo al poder del general Espartero, dando comienzo al bienio liberal. 

Desde el primer momento, la pugna entre Espartero y O´Donnell en el seno del gobierno, significó el enfrentamiento entre el elemento progresista y el conservador, aunque ello no impidió que durante el bienio 1854-1856 se promulgase una legislación liberal que tuvo consecuencias en el desarrollo material de España. La ley bancaria, la de ferrocarriles y la nueva ley de desamortización fueron factores importantes en la expansión económica y el desarrollo capitalista. Sin embargo, el gobierno de Espartero fue incapaz de mejorar la crisis de subsistencias, uno de los principales motivos de las revueltas previas, e incluso la empeoró aumentando las exportaciones de cereales para así aprovechar el incremento de la demanda europea motivada por la guerra de Crimea. A ello se unió el empeoramiento y extensión de la epidemia de cólera en toda España, apareciendo nuevos alborotos, como el ocurrido en Burgos en el otoño de 1854, cuando los manifestantes impidieron el envío de trigo al puerto de Santander para su exportación. Se rebajaron algo los consumos (hasta comienzos de 1856) y se reprimieron con dureza los tumultos.

El mayor problema del gobierno era la situación de bancarrota del Tesoro. Para intentar mejorarla se nombró ministro de Hacienda al progresista catalán Pascual Madoz, quien puso en marcha un proceso de desamortización general, civil y eclesiástica, con “la venta de todos los predios rústicos y urbanos, censos y foros pertenecientes al Estado, al clero, a las órdenes militares, a los propios y comunes de los pueblos, a la beneficencia, a la instrucción pública y cualesquiera otros pertenecientes a manos muertas”. La venta debía hacerse por pública subasta y el pago se efectuaría al contado en una décima parte, y el resto escalonado en pagos durante 14 años. Se obtuvieron 108 millones de pesetas con la venta de bienes eclesiásticos, lo que provocó una crisis con la Santa Sede por ir contra el Concordato de 1851. La desamortización sirvió para aumentar los bienes de los ya propietarios, poner en cultivo tierras que no lo estaban y reforzar la vieja estructura social de nuestros campos, acentuándose el latifundismo y disminuyendo el nivel de vida de los campesinos pobres al privarles de los bienes comunales de los pueblos.

Para aliviar algo el déficit del Estado, el 2 de junio de 1855 Madoz solicitó en las Cortes que se aprobara un anticipo reintegrable de 200 millones de reales a pagar por los contribuyentes más adinerados. Al negarse a ello los moderados, el ministro de Hacienda tuvo que dimitir tan sólo 5 meses después de su nombramiento. A esto se unió la intención del ministro de la Gobernación de regular la Milicia Nacional, también rechazada por los moderados que ponían todos los obstáculos posibles al desarrollo de dicha fuerza. Todo ello motivó una amplia remodelación del Gobierno. El ministerio de Fomento fue ocupado por Manuel Alonso Martínez, un abogado burgalés apoyado por el general O´Donnell, y el ministerio de la Gobernación por Patricio de la Escosura, un hombre de ideas reaccionarias.

El clima social se agravó por el empeoramiento de la situación económica, el aumento del paro y la carestía del pan, surgiendo motines de subsistencias por todo el país con quemas de almacenes y fábricas. En Cataluña los problemas empeoraron por la conflictividad obrera. El movimiento obrero, en lucha contra el empleo de las “selfactinas” (máquinas automáticas de hilar que favorecían el paro de los trabajadores), logró inicialmente la implantación de convenios colectivos entre patronos y obreros y facilitó el desarrollo de las asociaciones de trabajadores.

Con la llegada a Cataluña de Zapatero como Capitán General, un hombre autoritario y brutal apodado “el general cuatro tiros”, se implantó el estado de excepción el 21 de junio de 1855, prohibiéndose los sindicatos y anulándose los convenios colectivos, encarcelando y deportando a los dirigentes obreros. La respuesta fue una huelga general iniciada el 2 de julio, con manifestaciones llenas de banderas rojas con inscripciones de “Viva Espartero. Asociación o muerte. Pan y trabajo”, para reclamar el derecho de asociación obrera, subida de salarios y comisiones negociadoras paritarias. Los elementos conservadores del Gobierno reaccionaron con dureza, cerrándose al diálogo. En las Cortes, el ministro Escosura negaba que la causa de los motines fuese la miseria, afirmando que era “por la maléfica influencia de los obreros industriales de Barcelona, imbuidos en ideas y costumbres nuevas y perniciosas, que habían contagiado a los obreros de Castilla, más ignorantes y desmoralizados”. O´Donnell afirmaba también que los motines eran inspirados “por el principio del socialismo (“¡guerra al que tiene!”), por lo que el Gobierno tenia el deber de reprimirlos duramente para defenderse del ataque a la familia, a la propiedad y a lo más sagrado que en la sociedad existe”.

Tras una discusión fuerte en un consejo de ministros, la reina hizo dimitir a Espartero y dio a O´Donnell el encargo de formar un nuevo gobierno. Este declaró el estado de sitio en todo el reino y sacó leyes como una nueva ley de imprenta, implantando la censura previa, y otra de educación en la que otorgaba a la Iglesia las competencias en la enseñanza pública.

Mientras tanto se aprobaron en las Cortes una serie de leyes que iban a favorecer el desarrollo capitalista:

• En junio de 1855 se aprobó la Ley General de Ferrocarriles que establecía dos tipos de líneas, las de servicio general, de estructura radial con centro en Madrid, y  las de servicio particular. Se cometió el gran error de establecer un ancho de vía superior al europeo, lo que dificultó y encareció el transporte transfronterizo de mercancías y pasajeros
• El 26 de enero de 1856 se crearon bancos de emisión (como los bancos de Bilbao, Santander, etc) y sociedades de crédito, lo que favoreció la entrada de capital extranjero (belga, francés e inglés) para financiar la construcción de líneas de ferrocarril.

Las inversiones españolas seguían siendo escasas; las específicamente industriales se daban en Cataluña y País Vasco. España continuaba siendo un país esencialmente agrario; el 66,75% de la población se ocupaba en las faenas del campo.

Los progresistas constituían una minoría en las Cortes, lo que dificultó la aprobación de muchas iniciativas legislativas. Además, durante los primeros meses de 1855 hubo un levantamiento carlista en las dos Castillas, Aragón y Cataluña como respuesta a la política religiosa del Gobierno, la desamortización y la tolerancia de cultos. Como ministro de la Guerra, O´Donnell envió fuerzas a los puntos más críticos, pero las partidas continuaron hasta 1856.

Los progresistas y los demócratas querían elaborar una nueva Constitución, logrando que comenzara su debate en las Cortes. Antes, rescataron la Ley Electoral y de Imprenta de 1837 y restauraron la Milicia Nacional, las Diputaciones Provinciales y el Gobierno Local. La Constitución de 1856 recoge el grueso del ideario progresista: la soberanía nacional y una declaración de derechos más amplia, incluyendo la tolerancia religiosa, lo que provocó que el Vaticano  rompiera relaciones con el Estado Español. La Corona seguía con la facultad de convocar, cerrar y suspender las Cortes, así como legislar junto con el Parlamento. A esta Constitución de 1856 se la llama “la non nata” porque aunque fue aprobada por el Parlamento, no llegó a promulgarse por negarse la reina a sancionarla.

En 1858, la mayoría de los políticos querían orden, fuerza y estabilidad y se agruparon en torno al general O´Donnell, conde de Lucena, creándose así un nuevo partido, la Unión Liberal. Se volvió a cambiar el Gobierno, que contó desde el primer momento con un dirigente puritano “sagaz, ingenioso y sutil”, José Posada Herrera quien, como ministro de la Gobernación, disolvió las Cortes y fabricó otras a su medida, dictando una instrucción a los gobernadores civiles para que garantizasen el resultado apetecido de las elecciones: llevar a las Cortes una indiscutible mayoría del nuevo partido, sin impedir la representación minoritaria de los demás. Con este sistema, el gobierno pudo contar desde diciembre de 1858 con una cómoda mayoría parlamentaria.

Antes de la disolución de las Cortes, los diputados en activo se reunieron urgentemente el 14 de julio de 1858 para negar la confianza al nuevo gobierno, formando una comisión para comunicar a la reina su decisión, pero ésta se negó a recibirla. Los diputados permanecieron toda la noche del 14 al 15 de julio encerrados en el Congreso: “Aquí moriremos en nuestros puestos”. O´Donnell ordenó cañonear el edificio, entrando metralla en el salón de sesiones. El encierro duró hasta las 11:30 de la mañana. La Milicia Nacional de Madrid iba a resistir, pero Espartero, ya fuera del gobierno, no la apoyó; era un monárquico convencido y servidor leal de la reina y tenía miedo de que la resistencia popular hiciera caer a la monarquía. El ejército aplastó a la oposición popular, mayor en Barcelona a partir del 18 de julio, siendo ametrallada por el general Zapatero y la ciudad cañoneada desde Montjuic. Hubo más de 400 muertos entre la población civil y 63 muertos  entre el ejército.

Las represalias posteriores fueron salvajes. La revuelta había asustado a la gente de orden al ver que los manifestantes gritaban: “¡Guerra total y de exterminio a los ricos, los fabricantes y los propietarios! ¡Viva la República democrática y social!”. El gobierno de O´Donnell disolvió las Cortes, destituyó diputaciones y ayuntamientos, suprimió la Milicia, suspendió la desamortización eclesiástica, reprimió la prensa y restableció la Constitución de 1845, matizándola con un Acta adicional publicada como decreto. A los tres meses, Isabel II cesó  a O´Donnell y nombró en su lugar a Narváez, a quien había escogido como pareja de baile en Palacio; esta “crisis del rigodón” demostró que la reina hacía y deshacía según sus caprichos.