Momentos estelares de la España del S. XIX (cap. 15): La crisis de 1854

Figura de la entrada: Atentado contra Isabel II por el cura Merino. Estampa de 1852. Museo del Romanticismo . Madrid.

El 2 de febrero de 1852, cuando la reina iba a presentar en la Iglesia a su hija Isabel, recién nacida, fue apuñalada por el cura Martín Merino, de 63 años, salvándole la vida las barras de ballena de su corsé.

Este atentado suscitó una oleada de fervor monárquico entre el pueblo, por lo que Bravo Murillo, que condenó a muerte al cura y mandó que se quemara su cadáver y se esparcieran sus cenizas, vio la oportunidad para imponer su cambio político reaccionario creyendo que la opinión pública deseaba “ver robustecido el principio de autoridad”. El 1 de diciembre de 1852 reunió a las Cortes, pero tuvo que ver que su candidato a presidente del Congreso fuera vencido por el propuesto por la oposición, Martínez de la Rosa. Al día siguiente vuelve a disolver las Cortes y convoca nuevas elecciones, prohibiendo a la prensa criticar su proyecto de reforma, que había publicado en La Gaceta, así como las reuniones de los prohombres del partido moderado. Al verse sin apoyos, el 13 de diciembre dimite.

El descrédito del sistema era total; respondía a los oscuros manejos de las tres camarillas reales: la de Isabel II con su amante de turno, la de Francisco de Asís y su cortejo clerical y la de María Cristina y Muñoz, atentos siempre a enriquecerse con sus negocios y especulaciones.

El nuevo gobierno, presidido por Federico Roncali (conde de Alcoy), un general del círculo de la reina madre y su esposo, también intentó una leve reforma de la Constitución para recortar más las competencias de las Cortes. Pero aunque convocó elecciones y las manejó como quiso, no pudo evitar que siguiera existiendo una oposición fuerte, integrada por senadores militares y diputados liberales. A un discurso de Prim en el Congreso, el 6 de abril de 1853, amenazando al gobierno con una insurrección popular, le siguió otro al día siguiente, pronunciado por el general Manuel de la Concha, denunciando la corrupción ferroviaria y acusando a Salamanca y a Muñoz. Una semana después caía el gobierno.

A Roncali le sucedió Francisco Lersundi, otro paniaguado de María Cristina que gobernó todo el tiempo con las Cortes cerradas, a base de Reales Decretos. Aprobó una concesión ferroviaria, sin concurso ni subasta, y así poder obtener unas primas para cubrir la necesidad de dinero de la propia reina. Los escándalos financieros también le hicieron dimitir, siendo sustituido el 19 de septiembre de 1853 por Luis José Sartorius, un periodista sin respetabilidad alguna que obedecía a los intereses de los Muñoz y del banquero Salamanca, ávidos de hacer prosperar sus negocios.

El 21 de noviembre Sartorius presentó un proyecto de ley para aprobar todas las concesiones ferroviarias hechas previamente, perdiendo la votación. La reacción del gobierno fue suspender las Cortes y extremar las medidas represivas, con destituciones y destierros. Ante la falta de liquidez, Sartorius pretendió exigir un semestre anticipado de las contribuciones territorial e industrial, como empréstito forzoso, lo que colmó la indignación popular. Hubo conatos de revueltas y se formaron juntas y comités que preparaban un movimiento contra el gobierno. Aparece un periódico clandestino “El murciélago”, con denuncias de la corrupción y los escándalos y acusaciones a María Cristina (“a esta señora la ciega la codicia; ni ve que ha robado tanto que no queda ya nada por robar”) y a Salamanca (“esperamos verlo un día colgado del balcón principal de la casa de Correos”). La crisis de la Hacienda era gravísima; Fernández de Córdoba nos dice que el 18 de julio de 1854, tras triunfar la revolución, “la situación en la que hallamos las arcas del tesoro era tan aflictiva que sólo 12.000 reales se encontraron en ellas cuando nos hicimos cargo del poder”.

Los moderados apoyaban a la Iglesia porque para ellos la religión era la mejor defensa del orden social y moral ya que enseñaba a los pobres a resignarse a su suerte. Por ello se le dio carta blanca en la enseñanza, directa o indirectamente, a pesar de lo cual sólo estaban escolarizados un 30% de los niños y un 13% de las niñas.

Durante esta época se iniciaron las primeras tentativas para constituir una historia nacional: en 1843 apareció el primer volumen de la Biblioteca de Autores Españoles (BAE), dedicado a la obra cervantina, y en 1850 se publicó el primero de los 30 volúmenes de la Historia General de España, de Modesto Lafuente, con el fin de proporcionar a los españoles una conciencia nacional. Lafuente era más político que historiador. Sus dos grandes ejes fueron la independencia y la fe católica; exaltaba y condenaba períodos, fustigando el despotismo, la intolerancia y el fanatismo.

También se favorece el desarrollo de la pintura histórica, con autores como Eduardo Rosales (“El testamento de Isabel la Católica”) o Antonio Gisbert (“Fusilamiento de Torrijos”). Se buscaba que los españoles se sintieran identificados con su país y orgullosos de él, aunque desde una perspectiva castellana.

Cuando a finales del siglo XIX aparecieron los movimientos nacionalistas, los españoles no podían aceptarlos y entenderlos (eran una amenaza a la unidad). Nadie les había preparado para comprender la originalidad y la riqueza de la historia de Cataluña, por ejemplo; no se tuvieron en cuenta otras realidades que constituían los antiguos reinos de España.

El gobierno de Sartorius continuaba subsistiendo cada vez con menos apoyos mientras se producía un movimiento opositor dirigido por los generales moderados O´Donnell, Dulce, Ros de Olano y Mesina (al frente del Regimiento del Príncipe y de escuadrones de caballería), que finalmente culminó el 28 de junio de 1854 con un pronunciamiento en Canillejas (Madrid). De ahí avanzaron hacia la localidad cercana de Vicálvaro, donde se produjo el enfrentamiento con las tropas del gobierno el día 30 de junio, con resultado incierto. Al ver que ellos solos no eran capaces de lograr el triunfo y que el pueblo se amotinaba ya en varias ciudades, cantando el Himno de Riego, los militares moderados se vieron obligados a buscar el apoyo de los progresistas y ofrecer un cambio político. El general Serrano, progresista, se reúne con O´Donnell en Manzanares (Cuidad Real) y acuerdan un manifiesto dirigido “al país liberal”, que fue redactado por el joven Cánovas del Castillo el 4 de julio (Manifiesto de Manzanares): “Nosotros queremos la conservación del trono, pero sin camarilla que lo deshonre”, prometiendo bajar los impuestos y restablecer la Milicia Nacional. El Manifiesto produjo la movilización del pueblo de Madrid, acuciado por el paro, y levantamientos en Barcelona, Valladolid, Valencia y Asturias, bajo la consigna de “más pan y menos consumos”. En un intento de frenar las revueltas, la reina nombra dos gobiernos sucesivos (de Fernández de Córdoba y del duque de Rivas) que fracasaron. En Madrid, la multitud asalta los palacios de Salamanca, de Sartorius y de María Cristina (que se había refugiado con sus hijos en el Palacio Real) y también la cárcel del Saladero, liberando a los demócratas presos. “El motín, iniciado por un pronunciamiento conservador, se convertía en una insurrección del pueblo y del ejército, en un levantamiento nacional”. Se forman dos Juntas de Salvación en Madrid (de demócratas y de progresistas) y en Barcelona se produce una huelga general de los trabajadores textiles que pedían la supresión de las máquinas llamadas “selfactinas”, que “causaban el paro obrero”.

La reina, aconsejada por el embajador de Francia, decidió llamar a Espartero, retirado en La Rioja. Tras exigir la convocatoria de Cortes constituyentes, que María Cristina respondiese de sus actos y que la reina publicase un manifiesto acorde con la nueva situación, el 28 de julio Espartero se hace cargo del poder, pactando con O´Donnell, que ocuparía el ministerio de la Guerra.

De inmediato se reorganiza la Milicia Nacional como fuerza del progresismo, con 600.000 hombres, 133.000 de ellos armados. La reina madre y su familia se exilian en Portugal y el 11 de agosto el nuevo gobierno convoca elecciones para Cortes según las reglas de 1837, lo que elevó el número de votantes de los 90.000 a cerca de medio millón. Se celebraron en octubre, iniciándose las sesiones de las Cortes el 8 de noviembre, comenzando a preparar el proyecto de una nueva Constitución. La Cámara contaba con 349 diputados; en los extremos había una veintena de moderados y otra de demócratas y en el centro unos 70 diputados “progresistas puros” que apoyaban a Espartero o le combatían, según las circunstancias. En general, los diputados eran de mayor calidad intelectual, como Cánovas del Castillo y Práxedes Mateo Sagasta.

Ante la crisis de la Hacienda, el gobierno se vio obligado a anular la abolición de los consumos que habían decretado muchas Juntas revolucionarias provinciales, lo que suscitó el desengaño de la población.

El proyecto de Constitución declaraba que “nadie sería perseguido por sus opiniones y creencias religiosas mientras no las manifieste por actos públicos contrarios a la religión”, lo que suscitó las protestas de la Iglesia, que llegarían a ser furiosas, provocando la ruptura con el Vaticano cuando se aprobó la ley de desamortización general. El gobierno también estableció leyes de carácter económico que iban a impulsar el desarrollo capitalista, mientras que las anteriores medidas de los moderados sólo habían favorecido a la aristocracia terrateniente y a algunos negociantes.