Momentos estelares de la España del S. XIX (cap. 14): La crisis de 1848 y la desintegración del régimen moderado.

El general Ramón María Narváez (1799-1868) ocupó el cargo de presidente del gobierno desde octubre de 1847 a enero de 1851. El triunfo de la revolución francesa de febrero de 1848, que derrocó al rey Luis Felipe de Orleans y tuvo repercusión en toda Europa (fue llamada “la primavera de los pueblos”), apenas influyó en España aunque sirvió como pretexto para endurecer más la actitud del gobierno y también para que Austria, Prusia y Rusia reconocieran la monarquía de Isabel II. Los conatos de insurrección progresista y radical ocurridos en los primeros meses de 1848, especialmente en Cataluña, fueron duramente reprimidos y motivaron la expulsión del embajador británico Bulwer, acusado de intromisión a favor de los progresistas. Hubo cierto fortalecimiento del “partido demócrata”, heredero de los extremistas exaltados, afín al republicanismo y de mayor base en Cataluña, con sus sociedades literarias y corales que pretendían “moralizar el carácter y democratizar las ideas” de las clases trabajadoras. Defendía la abolición de los consumos y de las quintas y consideraba al poder político como “un instrumento para la creación de una sociedad justa”. Los gobiernos moderados temían las revoluciones populares protagonizadas por “hombres sin fe y sin instrucción”: debía haber un retorno al orden “sin el cual es inconcebible el progreso material” y reprimir a los partidos radicales “que son un anacronismo en el estado actual de la sociedad”.

La política autoritaria de Narváez fue secundada principalmente por el ministro de Gobernación, Luis José Sartorius, conde de San Luis, sevillano de origen pero de ascendencia polaca (por lo que sus seguidores fueron llamados “los polacos”), que arruinó a la prensa progresista al mandar secuestrar sus ediciones ya impresas. Al frente de Obras Públicas estaba Juan Bravo Murillo, quien inició medidas como la ampliación de la red de carreteras y telegráfica, los abastecimientos y traída de aguas, la reforma arancelaria, la implantación del sello de correos, la adopción del sistema métrico decimal de pesos y medidas y la creación de instituciones de beneficencia promovidas por el Estado. Las relaciones con el Vaticano mejoraron tras la decisión de enviar una expedición militar a Italia (el 23 de mayo de 1849), al mando de Fernando Fernández de Córdoba, para apoyar al nuevo Papa Pío IX, amenazado por la revolución; en la práctica, las tropas españolas sólo tuvieron que desfilar.

El 18 de octubre de 1849, a instancias de la camarilla frailuna del rey consorte y, sobre todo, del marqués de Bedmar, amante de Isabel II, la reina cesa a Narváez y nombra en su lugar al conde de Cleonard, un viejo fanático religioso y absolutista. Como compensación por su sustitución, la reina le regala al general (en apuros económicos por vivir con un lujo excesivo) 8 millones de reales, pidiéndole “que tuviese la complacencia de aceptarlos del real patrimonio”. Ante el escándalo y las críticas, María Cristina disuade a su hija y se restituye a Narváez en la presidencia a las 40 horas de su cese (“gobierno relámpago” de Cleonard). El general reacciona con rapidez expulsando al marqués de Bedmar de Madrid, arrestando al rey en sus habitaciones y echando de Palacio a fray Fulgencio y a sor Patrocinio, lo que exacerba la enemistad hacia él de Francisco de Asís.

Se continuaba gobernando al margen de las Cortes, en medio de una crisis económica enorme y de la división de los moderados. Se despilfarraba el erario público con proyectos como la construcción de un nuevo palacio para el Congreso de los Diputados o de un Teatro Real y con el excesivo tren de vida de los políticos. En agosto de 1850 Narváez disuelve el parlamento y convoca nuevas elecciones para lograr reducir la representación de progresistas y puritanos; estas elecciones fueron organizadas diligentemente por Sartorius, “empleando un lujo de violencias a que antes nunca se había llegado”.

A finales de noviembre de 1850 Bravo Murillo dimite como ministro de Hacienda tras un enfrentamiento con Narváez por considerar éste “inaceptables” los recortes presupuestarios del gasto militar. En diciembre el gobierno presenta un nuevo presupuesto improvisado, pidiendo la habitual autorización para cobrar las contribuciones antes de discutirlo en las Cortes, lo que provoca denuncias por parte de la oposición; Prim critica el hábito de Narváez de saltarse la ley y recuerda que “los pueblos sufren un día y otro día, pero llega un momento en que se cansan de sufrir, y entonces no hay poder humano que los contenga”. Incluso Donoso Cortés, en un discurso parlamentario pronunciado el 30 de diciembre, dice que vota en contra de la autorización al “elegir entre mi conciencia y mi amistad”, denunciando también “la corrupción espantosa que todos presenciamos, que vemos todos, porque el hecho dominante hoy en la sociedad española es esa corrupción que está en la médula de nuestros huesos”. Sin el apoyo ya de los moderados, Narváez presenta su dimisión el 10 de enero de 1851 y marcha a Bayona “esperando ser llamado por telégrafo para reconstruir el gobierno”, pero la reina nombra a Juan Bravo Murillo como su sucesor, un político pragmático amigo de Donoso y situado a la derecha del moderantismo. Bravo nombró un gobierno básicamente civil (lo que puso a los militares en su contra), completamente del gusto de María Cristina y Muñoz, que seguían controlando la política desde su residencia en el palacio de Las Rejas de Madrid.

Bravo Murillo fue el artífice de la reforma de la administración y del fortalecimiento del poder central; creó el ministerio de Fomento, promulgó una nueva ley de ferrocarriles e impulsó una política hidráulica nacional, aprobó un decreto para regular el empleo público, ajustó el presupuesto del Estado y reordenó la Deuda, y firmó el 11 de marzo de 1851 un Concordato con la Santa Sede, lo que le granjeó el apoyo del clero y el reconocimiento por el Vaticano de Isabel II como reina legítima de España. Pretendió reformar la Constitución de 1845 para aumentar el poder de su gobierno y de la Corona, restringiendo aún más los derechos individuales, pero su proyecto fue derrotado en las Cortes el 5 de abril, en una sesión tumultuosa. Para lograr su objetivo, Bravo disuelve el parlamento y celebra nuevas elecciones, tan tramposas como las anteriores. El nuevo Congreso sólo aprobó el arreglo de la Deuda y estuvo cerrado varios meses, en parte debido al golpe de Estado que Luis Napoleón dio el 9 de diciembre de 1851 en Francia, liquidando la República. La reforma propuesta era “disparatada e innecesaria”, sería “la tumba del sistema representativo”, y la oposición al gobierno crecía. Fernández de Córdoba definía así el sistema: “el parlamento, abierto durante cortos meses del año, y esto por mera fórmula, intervenía poco en la política y poco también en las tareas que le eran propias, pues las más de las veces se legislaba por decretos, venía luego la sanción de cuanto hacía el gobierno y hasta para el ejercicio de los presupuestos se apelaba con harta frecuencia a las autorizaciones previas”.